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Judiciales en suspenso: 20 amparos constitucionales paralizan el proceso

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El proceso de preselecci贸n de postulantes para las elecciones judiciales en Bolivia se encuentra en un punto muerto debido a los m煤ltiples amparos constitucionales presentados por candidatos inhabilitados. La Asamblea Legislativa se vio obligada a suspender el proceso tras recibir notificaciones de la Justicia que exig铆an la paralizaci贸n del mismo hasta que se resuelvan los recursos, programados para el lunes 22.

Dos de los amparos fueron presentados por Margarita Medrano y Herculiano Capusiri ante las Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Santa Cruz y La Paz, respectivamente. Esta decisi贸n dej贸 en espera las actividades planificadas, incluyendo los ex谩menes orales programados.

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Sin embargo, se ha revelado que estos dos amparos constitucionales son solo la punta del iceberg, ya que hay al menos otros 20 recursos similares en proceso. El presidente de la Comisi贸n Mixta de Constituci贸n, el senador Miguel Rejas, anunci贸 la suspensi贸n indefinida del proceso tras la notificaci贸n de las Salas Constitucionales.

A pesar de las voces que instaron a no acatar las decisiones judiciales, los l铆deres pol铆ticos han hecho un llamado a respetar las determinaciones y a acatar las reglas del juego. Tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) como la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) apuntan al Gobierno como responsable de este rev茅s en el proceso electoral.

El senador Hilari贸n Mamani del ala evista acus贸 al Ejecutivo de manipular el proceso para sabotear las elecciones judiciales, mientras que el diputado Carlos Alarc贸n de CC describi贸 los amparos como un “golpe mortal del Gobierno” contra el proceso electoral. Incluso el expresidente Carlos Mesa denunci贸 un “complot” entre los magistrados prorrogados y el gobierno para obstaculizar las elecciones.

Ante esta situaci贸n, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expres贸 su preocupaci贸n y asegur贸 que la instituci贸n defensorial tomar谩 medidas para garantizar el derecho democr谩tico de los ciudadanos a elegir a sus autoridades judiciales.

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