Judiciales en suspenso: 20 amparos constitucionales paralizan el proceso

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El proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales en Bolivia se encuentra en un punto muerto debido a los múltiples amparos constitucionales presentados por candidatos inhabilitados. La Asamblea Legislativa se vio obligada a suspender el proceso tras recibir notificaciones de la Justicia que exigían la paralización del mismo hasta que se resuelvan los recursos, programados para el lunes 22.

Dos de los amparos fueron presentados por Margarita Medrano y Herculiano Capusiri ante las Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Santa Cruz y La Paz, respectivamente. Esta decisión dejó en espera las actividades planificadas, incluyendo los exámenes orales programados.

Sin embargo, se ha revelado que estos dos amparos constitucionales son solo la punta del iceberg, ya que hay al menos otros 20 recursos similares en proceso. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, anunció la suspensión indefinida del proceso tras la notificación de las Salas Constitucionales.

A pesar de las voces que instaron a no acatar las decisiones judiciales, los líderes políticos han hecho un llamado a respetar las determinaciones y a acatar las reglas del juego. Tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) como la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) apuntan al Gobierno como responsable de este revés en el proceso electoral.

El senador Hilarión Mamani del ala evista acusó al Ejecutivo de manipular el proceso para sabotear las elecciones judiciales, mientras que el diputado Carlos Alarcón de CC describió los amparos como un “golpe mortal del Gobierno” contra el proceso electoral. Incluso el expresidente Carlos Mesa denunció un “complot” entre los magistrados prorrogados y el gobierno para obstaculizar las elecciones.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación y aseguró que la institución defensorial tomará medidas para garantizar el derecho democrático de los ciudadanos a elegir a sus autoridades judiciales.